Córdoba, noticias.
Vuelven a medir la contaminación del aire
La Voz del Interior (13/12/2008)Vuelven a medir la contaminación del aire urbano
Tras siete años sin funcionamiento, el próximo lunes volverán a las calles de la ciudad de Córdoba las unidades móviles de monitoreo ambiental. Se trata de los dos camiones adquiridos y equipados durante la gestión de Rubén Martí como intendente, que luego quedaron inutilizados por falta de mantenimiento en 2001. Sin embargo, empleados del Observatorio Ambiental, del que dependen las unidades, se mantienen con dudas respecto al anuncio.Según lo informó la Municipalidad de Córdoba, esta semana llegará el equipamiento adquirido en Estados Unidos, destinado a las unidades móviles. Se trata de aparatos que permitirán medir el material particulado, el monóxido de carbono y el óxido de nitroso. Además, será reparado el analizador de ozono en el aire.“Todos esos instrumentos se adquirieron con los 200 mil pesos que envió la Secretaría de Ambiente de la Nación”, indicó Fernando Cámara, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad. Las unidades serán ubicadas en la ex plaza Vélez Sársfield y en el CPC Empalme, al sudeste de la ciudad.“Uno de los camiones sale con el equipamiento completo y el otro preparado para medir ozono”, agregó el funcionario municipal. También adelantó que a principios de 2009 se colocará una estación de monitoreo del aire fija en el edificio del Correo Argentino, ubicado en la intersección de las avenidas Colón y General Paz.Según el municipio, la idea es recuperar la capacidad de monitoreo ambiental para poder llevar adelante políticas correctivas y controles más eficientes. “Pero una de las mediciones más importantes era la de calidad del aire, ya que permite poner en acción medidas adecuadas para, por ejemplo, ordenar el tránsito”, explicó Cámara.Tal como sucedía hasta principios de 2001, se agilizarán los canales de comunicación para dar a conocer los resultados de los análisis. “La idea es que así como se da la temperatura, o la humedad, se informe sobre los índices de contaminación”, afirmaron desde la Municipalidad.Los empleados desconfían. Pese a los anuncios realizados desde el municipio, los empleados del Observatorio Ambiental desconfían que los equipos lleguen a tiempo para el 22 de diciembre. También sostuvieron que, en realidad, se adquirieron menos aparatos que los que se informó a la prensa.Los empleados, que pidieron no ser identificados, aseguraron que sólo se compraron repuestos para dos equipos de una sola de las estaciones móviles. “Y con plata de la Municipalidad, porque no llegaron a hacer las cosas como pensaron”, manifestaron, entre feroces críticas a la gestión municipal en lo que respecta a ambiente.Por su parte, desde el municipio negaron las acusaciones de los empleados y ratificaron que los equipos se compraron con fondos nacionales y que serán puestos en funcionamiento en próximo lunes. Ver Noticia On LineUn proyecto que hizo puntaEl 22 de abril de 1997 se ponía en marcha en la ciudad de Córdoba el Observatorio Ambiental. La institución centralizaba las tareas de monitoreo sobre la presencia de contaminantes en el aire, en el agua y en la tierra.El Observatorio fue el primero de su tipo en América latina. A finales de la década del ‘90, ofrecía a diario las mediciones sobre contaminación del aire y un pronóstico de lo que iba a suceder al día siguiente.Desde 1994, el municipio fue adquiriendo equipos fijos y móviles que conformaron el Sistema de Monitoreo Ambiental (Sima), que funcionaba en el Observatorio.Entre los equipos estaban dos camiones equipados con tecnología de punta que medían la contaminación en diferentes puntos de la ciudad, por lo que el Observatorio fue calificado por la Organización Mundial de la Salud como “uno de los más avanzados del mundo”. Cuando se inauguró, se llevaban invertidos más de seis millones de dólares.Todo quedó en la nada en 2001, cuando el proyecto fue desfinanciado por completo.
Calamuchita debate sobre su medio ambiente
La Voz del Interior (13/12/2008)Calamuchita debate sobre su medio ambiente
Villa General Belgrano. Con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar acciones y esfuerzos futuros, se llevó a cabo el 1º Encuentro por la Soberanía Ambiental en Villa General Belgrano. Participaron 47 personas de diferentes localidades de Calamuchita, como también de otras zonas de Córdoba. Entre los presentes se dejó expresada la "necesidad de constituir una red que integre, aliente y fortalezca todas y cada una de las organizaciones relacionadas con la protección del ambiente".Se dividieron en cinco comisiones de trabajo según las temáticas de interés y luego expusieron las conclusiones.Como principales problemas, coincidieron en señalar la existencia de intereses económicos y políticos contrapuestos a lo ambiental, apuntaron la falta de voluntad política para revertir ciertas situaciones y para acentuar los controles que eviten la degradación ambiental. También se reclamó por la ausencia de planificación en materia de gobiernos locales y provincial y por el desinterés de la población en participar más activamente ante esta problemática.Un grupo de discusión abordó el tema de "áreas protegidas flora y fauna". Planteó que los controles son precarios o nulos desde el Estado, con escaso personal capacitado e información insuficiente. Como propuesta surgió la idea de realizar un relevamiento de áreas y promover una participación mayor de la población.Otros abordaron la situación de las cuencas hídricas marcando la preocupación por la modificación histórica de las cuencas de los ríos Segundo y Tercero.
Conservación de suelos en Calamuchita
La Voz del Interior (13/12/2008)Buscan crear un consorcio de conservación de suelos en CalamuchitaSanta Rosa de Calamuchita. El secretario de Agricultura de la Provincia, Héctor Fontán, estuvo ayer en Santa Rosa de Calamuchita para presentar un plan de "conservación del suelo" para esta región y para poner en marcha el distrito para tratar esta problemática.En un avance del programa, se espera que en enero se pueda formar un consorcio con productores de la zona. El proyecto tiene como finalidad aplicar políticas de protección del medio natural para evitar la degradación de las tierras por el uso de fertilizantes u otros productos químicos perjudiciales.La presentación se hizo ante intendentes y jefes comunales de la Comunidad Regional Calamuchita y el legislador departamental Carlos Alesandri.El jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Héctor Polcan, fue uno de los que manifestó su preocupación por el uso de agroquímicos en campos de su zona, cercana al lago Los Molinos, y pidió medidas concretas para regular su uso, ya que afectan –dijo– tanto a los vecinos como al río. Asimismo aclaró que en los últimos análisis realizados, el curso de agua que atraviesa su localidad demostró buenas condiciones de salubridad y no estar contaminado.En varias regiones de la provincia hay hay consorcios de conservación de suelos, armados desde hace años.
El "riesgo inmundicia"
La Voz del Interior (13/12/2008)El "riesgo inmundicia"El retiro de Cliba y la puesta en marcha de Crese para prestar el servicio de higiene urbana en Córdoba ponen a la ciudad ante un gran desafío: se debe evitar el riesgo de una inmundicia generalizada y una crisis ambiental.En una nueva vuelta de tuerca en el llamado "conflicto de la basura", la empresa Cliba –concesionaria para la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba– anunció el cese total de sus actividades locales desde el 31 de enero próximo. Ello abre inquietudes y serios interrogantes sobre la prestación de ese vital servicio a una población de más de un millón y medio de habitantes, en uno de los radios municipales más extensos del mundo.La decisión –en algún momento barajada como hipótesis– sorprendió en estas circunstancias, ya que había un principio de acuerdo para que la flamante Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) se hiciera cargo de la recolección, tratamiento y enterramiento de residuos en la zona norte de la ciudad y que Cliba continuara en la zona sur. Parecía una solución racional y equilibrada, aunque provisoria, a los diferendos planteados entre la Municipalidad y la prestataria.Voceros de Cliba alegaron que la deuda de 80 millones de pesos que la Municipalidad mantiene con la empresa se tornó "inmanejable e insostenible", a lo que hay que sumar los aumentos de costos provocados por la crisis económica y financiera en curso. "Hemos tomado la decisión empresarial de retirarnos del negocio de Córdoba de manera indeclinable", dijo uno de los voceros, quien agregó que es "una situación no querida", ya que la empresa venía prestando el servicio desde hace 22 años. Cliba llegó a la conclusión de que la deuda de 80 millones de pesos es incobrable y que, por lo tanto, no quedaba otra alternativa que el retiro.Hubo circunstancias que parecieron dar la razón a Cliba, como las declaraciones del intendente Daniel Giacomino, quien dijo que estaba "juntando monedas" para pagar el aguinaldo al personal. Y si una Municipalidad debe juntar monedas para pagar salarios, ¿puede hacer frente a una deuda de 80 millones de pesos con una prestataria? Hay otra pregunta más inquietante: ¿podrá hacerse cargo de la prestación de un servicio de la dimensión de la recolección de basura, para la que –además de dinero– hace falta eficiencia, capacidad administrativa y empresarial? La Municipalidad de Córdoba no se caracteriza por ser eficiente y buena administradora. A veces parece ser más una agencia de empleo que una repartición que presta servicios.La flamante Crese, que por ahora sólo existe en los papeles, deberá hacerse cargo del servicio de aquí a un mes y medio, o sea unos 30 días hábiles. Tanto Cliba como funcionarios municipales señalaron que ya se está trabajando en conjunto para la transición y que en ese sentido ya está acordado que la empresa alquilará a Crese la flota de camiones, la maquinaria de enterramiento sanitario y la base operativa ubicada en el arco sur de la avenida de Circunvalación. Entretanto, el Sindicato Único de Recolectores de Basura de Córdoba, afín a la Federación de Camioneros de Buenos Aires cuyo titular es Pablo Moyano, ya exigió la continuidad laboral de los 1.160 empleados actuales de Cliba y el nombramiento de 100 más, que deberán ser hijos de los trabajadores que hoy están en actividad. También el gremio de la construcción, que agrupa los operarios que trabajan en el enterramiento sanitario, ha pedido su parte en la negociación. Como puede verse, se tratará de una operación de alta complejidad.Por cierto, hay riesgos, entre ellos el "riesgo inmundicia". Así se llamó en Italia a la crisis ambiental y sanitaria en la ciudad de Nápoles –una de las cunas de la cultura europea–, que durante varios meses estuvo tapada de basura y residuos nauseabundos, lo que obligó al desalojo de varios sectores de la ciudad, cuyos habitantes se acostumbraron a andar por las calles con barbijo. Y hasta que intervino el gobierno central, con el concurso de las fuerzas de seguridad y hasta del ejército, la crisis no amainó.La situación de Córdoba no debe llegar al extremo napolitano, por lo que la intervención del Estado nacional –unitario, centralista y que maneja todos los recursos, los subsidios y los regímenes especiales– se hace imperiosamente necesaria, pero antes de que explote una crisis ambiental y sanitaria, no después.
12/12/2008
Bouwer: discuten traslado del basural
La Mañana de Córdoba (12/12/2008)Bouwer y Provincia discuten traslado del basural
El jefe comunal de Bouwer, Juan Lupi, se reunió ayer con el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, con la intención de discutir el traslado del basural donde se entierran los residuos de toda la ciudad de Córdoba.Lupi había solicitado por escrito una entrevista con el nuevo mandatario de la secretaría, que asumió el pasado 31 de octubre, luego de que la ex titular del cargo, María Amelia Chiófalo, abandonara el puesto para ocupar una banca en la Legislatura provincial.Costa accedió al pedido de la comuna de Bouwer y recibió a Juan Lupi y Adolfo González, asesor ambiental de Bouwer en la secretaría. Durante el encuentro, el jefe comunal puso en conocimiento del titular de ambiente la situación ambiental y sanitaria de Bouwer y la ilegalidad del proceso por el cual se extendería durante 8 años más el enterramiento de la basura en el predio de Potrero del Estado.Lupi advirtió además al funcionario que la ilegalidad ya denunciada por la comuna en varias oportunidades “será motivo de acciones judiciales que presentaremos próximamente”. Agregó que la instancia administrativa “ya quedó agotada” y que lamentablemente “la Municipalidad de Córdoba no sólo ha violado la ley, sino que ignora además el sufrimiento de las personas que viven en Bouwer y Potrero del Estado”.Por estos motivos, Lupi reiteró a la Provincia la necesidad urgente de trasladar el relleno sanitario y de remediar el actual predio de enterramiento de Potrero del Estado.“La comuna ya ha denunciado la ilegalidad de seguir trayendo la basura a Bouwer en distintas instancias. En primer lugar, porque la Municipalidad de Córdoba no tiene la autorización de uso del suelo por parte de la Comunidad Regional Santa María, que tiene jurisdicción en Potrero del Estado, lugar donde está localizado el predio y a donde la ciudad lleva sus residuos”, afirmó Lupi.Asimismo, el jefe comunal añadió: “La Provincia también es responsable de esta situación porque debió haber archivado el expediente y sin embargo, continúa dando prórrogas a la Municipalidad para poner en orden las numerosas falencias de este irregular proceso”.Adolfo González, por su parte, puntualizó: “Tanto el nuevo comodato para la recolección y enterramiento de residuos por los próximos ocho años, como el llamado a licitación para la captura y quema de biogás del relleno sanitario son ilegales”.El secretario de Ambiente, se comprometió a analizar la situación y a promover una mesa de diálogo entre la Comuna de Bouwer, la Municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Ambiente de la Provincia para tratar conjuntamente la problemática.
Río III: 108 generadores de residuos patógenos
La Voz del Interior (12/12/2008)Río Tercero: 108 generadores de residuos patógenos
Varias multas labradas en el marco de un mayor impulso a los controles sobre los generadores de residuos patógenos aparecen como dos aspectos novedosos en Río Tercero.Desde el propio municipio admiten que no recuerdan la última vez que se intimó o multó a algún generador por incumplimiento de la normativa local en materia de destino final de los residuos patógenos. Fueron siete las multas que en las últimas semanas se han cobrado, de 615 pesos cada una, a generadores de esta basura relacionada con el rubro de la salud. La mayoría fueron sancionados por incumplir los pasos administrativos de demostrar por declaración jurada a qué empresa contrata para que retire los patógenos que genera.La declaración jurada es una de las pruebas más importantes que tiene el municipio para saber cuántos residuos patógenos se retiran de la ciudad.Se trata de la basura que generan los que prestan servicios de salud y que representan riesgos de contaminación biológica o infecciosa y que no pueden tener el mismo destino que la basura domiciliaria.En el municipio existe un registro de los generadores de residuos patógenos. Hoy suman 108 los inscriptos. Esto abarca desde el hospital a las salas asistenciales barriales, pasando por las clínicas, consultorios odontológicos, servicio de emergencia médica, bioquímicos, veterinarias y locales en donde se realicen tratamientos que generen residuos de este tipo.Un relevamiento del área Gestión Ambiental arrojó que cerca de la mitad de los patógenos de esta ciudad son generadores por establecimientos públicos, como el Hospital Provincial y las salas de salud municipales de los barrios. Las tres grandes clínicas privadas también son grandes generadores, y luego le siguen bioquímicos, veterinarias, odontólogos y los demás prestadores.Más del doble. Del mismo registro se desprende que hace dos años, se generaban unos 1.800 kilos de residuos patógenos por mes, mientras que en la actualidad la cifra marca que son 4.200 kilos.Carlos Siccardi, a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental municipal, realiza una interpretación generosa de esa evolución al opinar que el incremento se debe a “una mayor concientización”. Sin embargo, no oculta la evidencia de que cuando más se controla más residuos se declaran.Los que no se declaran es porque terminan mezclados con el resto de la basura, generando riesgos contaminantes y de propagación de enfermedades.Este año, más que antes, el municipio ha realizado inspecciones sorpresivas y así fue como se labraron varias actas de infracción.Siccardi advirtió que si no se cumplen los trámites que exige la norma se podría aplicar hasta clausuras preventivas.Otra lectura de que se está cumpliendo en mayor medida con esta norma –según Siccardi– es que los empleados de Ashira, la empresa recolectora de residuos domiciliarios, han reducido notablemente sus reclamos por la presencia de patógenos. En más de una oportunidad han manifestaban su preocupación por la aparición de jeringas y otros elementos de riesgo, mezclados en las bolsas de basura común.Dos recolectoras. En Río Tercero son dos las empresas que los generadores pueden elegir para que les recojan esta basura. “Libremente”, aclaran desde el municipio, con la intención de dejar claro que “no se sugieren optar por una u otra”. Esas firmas especializadas son Ecología del Sudoeste (de Bell Ville) y Recepa (de Córdoba).Estas empresas trasladan esos residuos a sitios de tratamiento especiales autorizados por la Provincia y le cobran a cada centro médico o veterinaria según el volumen recogido.Ver Noticia On LineQué exige la ordenanzaLa ordenanza aprobada en 1998 en Río Tercero establece que el depósito transitorio de residuos patógenos “debe estar ubicado dentro del predio pero fuera del establecimiento y debe ser de fácil acceso”. Se exige que cuando las características edilicias de los establecimientos ya construidos impidan la ubicación externa, se deberá asegurar que no afecte, desde el punto de vista higiénico, a otras dependencias como cocina, lavadero o áreas de internación.El depósito debe cumplir pautas de higienización sanitaria como habitación de mampostería; piso y paredes impermeabilizados de fácil limpieza y desinfección; techo completo; declives del piso que confluyan en una cámara decantadora o barrera de contención para derrames; un lavatorio de manos y elementos desinfectantes; ventilación; puerta de acceso cerrada, bajo llave, impidiendo entrada de animales o insectos, entre varios puntos más.Exige además que deberá acceder al lugar personal sólo autorizado. Obliga en caso de rotura a reembolsar en una nueva bolsa, siempre de color rojo. Y prohíbe almacenar bolsas de residuos urbanos dentro del mismo depósito.La ordenanza obliga a denunciar la generación de estos residuos, a través de una declaración jurada.Cuáles son. Según la norma, residuos patógenos son aquellos desechos o elementos que presentan características de toxicidad y actividad biológica, que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y o causar contaminación del suelo, agua o aire. Por ejemplo: vendas o algodones usados en necropsias; restos de animales y sus excrementos; restos alimenticios de enfermedades contagiosas; piezas anatómicas; residuos farmacéuticos; materiales descartables con y sin contaminación sanguínea; material de laboratorios de análisis clínicos, hemoterapia, cirugía y elementos usados en hemodiálisis y salas de aislamiento y de enfermos infecto contagiosos, entre otros.
Punilla quiere estar libre de polietileno
La Voz del Interior (12/12/2008)Punilla quiere ser el primer departamento libre de polietileno
Punilla. Las autoridades políticas de las 25 localidades comprendidas en el departamento Punilla están trabajando en la elaboración de una ordenanza común a todos los municipios y comunas que regule el uso de las bolsas plásticas hasta lograr la eliminación definitiva en un lapso razonable de tiempo.Si finalmente se sanciona la norma legal, esa comunidad regional se convertiría en la primera de las 25 constituidas en la provincia de Córdoba en definir acciones institucionales para liberarse del polietileno.Con esa finalidad, se están realizando evaluaciones para determinar las especificidades del proyecto en debate."Resulta necesario contar con ese instrumento legal en cada una de las localidades de Punilla, dada la característica de ‘ciudad lineal’ que tiene este departamento, que hace que haya un intenso y fluido intercambio comercial entre ellas", señaló Jorge Caserio, presidente de la comunidad regional de referencia."Toda la zona es visitada de manera permanente por turistas atraídos por la belleza del paisaje de este valle que, lamentablemente, sufre la contaminación visual provocada por las bolsitas sintéticas enganchadas en los árboles, arbustos o cubriendo espacios verdes y abiertos, además de la contaminación ambiental", remarcó el también intendente de Valle Hermoso.Para Caserio, se requiere "un urgente esquema de disminución de envolturas, bolsas y envases de ese material, a través de la concientización del consumidor y en la reducción en origen de ese tipo de residuos".Varios municipios de Córdoba ya avanzaron en la regulación de la entrega de bolsitas de polietileno en supermercados y comercios. Villa General Belgrano, Villa María y Río Tercero son tres de las que ya cuentan con ordenanzas que obligan gradualmente a eliminar su uso. San Francisco también tiene en estudio un proyecto similar.Desafío difícil. Las mejores intenciones para reducir el uso de bolsas de polietileno suelen encontrar resistencia en quienes ponen a las razones económicas por encima de las cuestiones ambientales. Quienes aplican este criterio señalan, por ejemplo, que dos mil bolsas de plástico de un tamaño mediano pesan, en promedio, 13,5 kilos mientras que la misma cantidad de papel pesa unos 120 kilos, ocupa más espacio y el costo de transporte es sensiblemente más elevado que las de polietileno.También sostienen que el mayor impacto ambiental directo es relativo, toda vez que fabricar bolsas de papel requiere un consumo de energía cuatro veces mayor que las de polietileno, además de la tala de árboles que demanda la producción de aquellas.
11/12/2008
Jesús María se quedaría sin basural
La Voz del Interior (11/12/2008)En seis meses, Jesús María se quedaría sin basuralJesús María. El director de Saneamiento de esta ciudad, Luis Picat, participó de una reunión convocada por el Comité de Circuito de la UCR en la que explicó que el municipio tiene una situación muy complicada con el basural ya que tiene una vida útil máxima de seis meses. La complicación radica en que el municipio no cuenta con fondos para la adquisición de un nuevo predio, sin contar que los pocos terrenos disponibles están sobrevaluados. Tampoco hay noticias de la financiación que solicitó a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Ambientalmente hay un problema más, ya que el actual predio está demasiado cerca del río Guanusacate, con altos riegos de contaminación, y el nuevo predio debería ubicarse en un lugar más alejado. Aunque se podría expropiar un terreno, Picat señaló que se trata de un trámite complejo y que podría llevar varios años, de modo que el municipio está en una encrucijada difícil de resolver. Vale recordar que el último crédito tomado por el municipio data de la gestión del ex intendente Lucas Torres, a través del cual se pavimentaron 50 cuadras de asfalto y se compró maquinaria. Por créditos, el municipio quedó debiendo 22 millones de pesos que se financiaron con el Pacto Fiscal I y II. Esta vía por el momento fue descartada, aunque pareciera la única salida. No menos grave que la situación del basural es la de los piletones de cloacas que están colapsados, tanto que el Concejo Deliberante facultó al Ejecutivo a contratar en forma directa la construcción de dos nuevos piletones para el tratamiento de los líquidos cloacales. Para la construcción de los piletones, el municipio cuenta con la promesa de la Provincia, ratificada con un convenio firmado en noviembre, de entregar medio millón de pesos. Ver Noticia On Line
