Carta Documento...
LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHU INTIMA AL GOBIERNO ARGENTINO.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú envió este miércoles una carta documento a altos funcionarios nacionales para que tomen medidas para impedir que camiones y barcos lleguen a la planta de la empresa Botnia luego de atravesar rutas o ríos argentinos.La Asamblea dio un plazo de veinte días a los funcionarios, y advirtió que si no realizan determinadas acciones, los funcionarios podrían incurrir en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.Los asambleístas subrayan que una ley nacional dispone que “se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones , exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación”.Con ello, buscan no sólo que se impida la circulación de camiones con madera para Botnia, sino también el transporte por ruta de otros elementos adquiridos por la empresa finlandesa en la Argentina, que llegan por camiones.En la carta documento enviada a la presidenta Cristina Kirchner, la ministra de Salud Graciela Ocaña y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, la Asamblea solicita que, en virtud de que la lucha contra las papeleras fue declarada “causa nacional” y la Argentina se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se tomen medidas para impedir que circulen por rutas o ríos argentinos, camiones o barcazas con materiales o mercaderías para Botnia, cuya planta funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el compartido río Uruguay.La Asamblea recuerda que la Corte de La Haya recomendó que las partes “se abstuvieran de agravar la controversia”, pese a lo cual la planta de Botnia comenzó a funcionar el pasado 11 de noviembre.*La Carta DocumentoLa Carta documento fue presentada por las asambleístas Alejandra Crimella y Sira Muñoz, y su envío a las autoridades nacionales fue aprobado por la Asamblea.El texto completo, es el siguiente:Carta dirigida a:Presidenta de la NaciónMinistra de SaludSecretaria de Medio AmbienteNos dirigimos a Ud., en el marco de la controversia surgida entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, por la instalación de la planta de celulosa propiedad de la firma Botnia S.A sobre las márgenes del Río Uruguay, la que fuera autorizada por el gobierno de R.O.U; considerando asimismo las reiteradas y sucesivas violaciones al tratado que dentro de éste conflicto el vecino país viene llevando a cabo.Ante dichas violaciones nuestro gobierno declaró el 5/05/06, en acto realizado en Gualeguaychú, a esta controversia como “Causa Nacional”, e interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud introductoria de instancia contra la R.O.U, y un pedido de medidas provisionales. El 13/07/06 dichas medidas fueron desestimadas dejando a salvo nuestros derechos sobre la controversia de fondo.La planta está funcionando desde el día 11/11/07, pese a la demanda interpuesta por Argentina ante la C.I.J de la Haya, tribunal que impartió específicas directivas respecto a que las partes se abstuvieran de agravar la controversia.Nuestro país ha tomado a través de la instancia iniciada y la política asumida, una postura contundente sobre el nocivo impacto ambiental de estas plantas y sobre la necesidad de preservar el medioambiente y más específicamente el ecosistema del Río Uruguay y sus zonas adyacentes. Esta toma de posición implica un acto propio del Estado Nacional que obliga a la Administración toda.En estos momentos se encuentran en circulación por nuestro territorio nacional, y por el Río Uruguay utilizando nuestras rutas y el río compartido – lo cual de por sí resulta ofensivo- gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia. El paso de los mismos a través de nuestras fronteras con destino a esa pastera, implica un serio riesgo para la salud de la población y para nuestros recursos naturales. La construcción y el funcionamiento de dicha planta, tal como ha sostenido la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia, generarán un perjuicio sensible.Consecuentemente con la posición asumida por el Estado Nacional, y a fin de prevenir o evitar los riesgos referidos, de conformidad a lo previsto en el art. 41 de la CN, y tratados Internacionales en materia de transporte, exigimos e intimamos en el plazo de veinte días a que instrumente las medidas previstas en los arts. 608 y sgtes. Y 631 de la ley 22. 415, bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Concretamente se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones , exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación (ley 22.415, art.610 incs. e, g, h y ley 24.611, inciso h ), impidiendo el paso de las mercaderías citadas en tanto revisten la calidad de elemento necesario para el funcionamiento de la planta. En el mismo sentido, debe considerarse comprendida la prohibición respecto de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay.Atte.Por Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.María Alejandra CrimellaSira Muñoz
LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHU INTIMA AL GOBIERNO ARGENTINO.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú envió este miércoles una carta documento a altos funcionarios nacionales para que tomen medidas para impedir que camiones y barcos lleguen a la planta de la empresa Botnia luego de atravesar rutas o ríos argentinos.La Asamblea dio un plazo de veinte días a los funcionarios, y advirtió que si no realizan determinadas acciones, los funcionarios podrían incurrir en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.Los asambleístas subrayan que una ley nacional dispone que “se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones , exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación”.Con ello, buscan no sólo que se impida la circulación de camiones con madera para Botnia, sino también el transporte por ruta de otros elementos adquiridos por la empresa finlandesa en la Argentina, que llegan por camiones.En la carta documento enviada a la presidenta Cristina Kirchner, la ministra de Salud Graciela Ocaña y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, la Asamblea solicita que, en virtud de que la lucha contra las papeleras fue declarada “causa nacional” y la Argentina se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se tomen medidas para impedir que circulen por rutas o ríos argentinos, camiones o barcazas con materiales o mercaderías para Botnia, cuya planta funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el compartido río Uruguay.La Asamblea recuerda que la Corte de La Haya recomendó que las partes “se abstuvieran de agravar la controversia”, pese a lo cual la planta de Botnia comenzó a funcionar el pasado 11 de noviembre.*La Carta DocumentoLa Carta documento fue presentada por las asambleístas Alejandra Crimella y Sira Muñoz, y su envío a las autoridades nacionales fue aprobado por la Asamblea.El texto completo, es el siguiente:Carta dirigida a:Presidenta de la NaciónMinistra de SaludSecretaria de Medio AmbienteNos dirigimos a Ud., en el marco de la controversia surgida entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, por la instalación de la planta de celulosa propiedad de la firma Botnia S.A sobre las márgenes del Río Uruguay, la que fuera autorizada por el gobierno de R.O.U; considerando asimismo las reiteradas y sucesivas violaciones al tratado que dentro de éste conflicto el vecino país viene llevando a cabo.Ante dichas violaciones nuestro gobierno declaró el 5/05/06, en acto realizado en Gualeguaychú, a esta controversia como “Causa Nacional”, e interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una solicitud introductoria de instancia contra la R.O.U, y un pedido de medidas provisionales. El 13/07/06 dichas medidas fueron desestimadas dejando a salvo nuestros derechos sobre la controversia de fondo.La planta está funcionando desde el día 11/11/07, pese a la demanda interpuesta por Argentina ante la C.I.J de la Haya, tribunal que impartió específicas directivas respecto a que las partes se abstuvieran de agravar la controversia.Nuestro país ha tomado a través de la instancia iniciada y la política asumida, una postura contundente sobre el nocivo impacto ambiental de estas plantas y sobre la necesidad de preservar el medioambiente y más específicamente el ecosistema del Río Uruguay y sus zonas adyacentes. Esta toma de posición implica un acto propio del Estado Nacional que obliga a la Administración toda.En estos momentos se encuentran en circulación por nuestro territorio nacional, y por el Río Uruguay utilizando nuestras rutas y el río compartido – lo cual de por sí resulta ofensivo- gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia. El paso de los mismos a través de nuestras fronteras con destino a esa pastera, implica un serio riesgo para la salud de la población y para nuestros recursos naturales. La construcción y el funcionamiento de dicha planta, tal como ha sostenido la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia, generarán un perjuicio sensible.Consecuentemente con la posición asumida por el Estado Nacional, y a fin de prevenir o evitar los riesgos referidos, de conformidad a lo previsto en el art. 41 de la CN, y tratados Internacionales en materia de transporte, exigimos e intimamos en el plazo de veinte días a que instrumente las medidas previstas en los arts. 608 y sgtes. Y 631 de la ley 22. 415, bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Concretamente se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones , exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación (ley 22.415, art.610 incs. e, g, h y ley 24.611, inciso h ), impidiendo el paso de las mercaderías citadas en tanto revisten la calidad de elemento necesario para el funcionamiento de la planta. En el mismo sentido, debe considerarse comprendida la prohibición respecto de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay.Atte.Por Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.María Alejandra CrimellaSira Muñoz
