Dos pedidos de destitución remitidos a la Procuración General Nación en contra del fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gómez, despertaron una campaña nacional de repudio por parte de ambientalistas que defienden el desempeño del funcionario judicial. Existen dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones. Asambleas vecinales vincularon estas denuncias al procesamiento de un directivo de Minera Alumbrera y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general.El procesamiento del alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación ambiental, parece haber despertado un aroma poco agradable en el seno del Ministerio Público Fiscal Federal de Tucumán. Curiosamente, el mismo desagradable olor parece estar impregnado en los pasillos de la Procuración General la Nación (PGN). En manos del Consejo Evaluador del MPF se encuentran dos pedidos de destitución contra el fiscal general federal de la provincia, Antonio Gustavo Gómez, uno de los principales impulsores de la causa judicial contra Rooney.Un pestilente cúmulo de “casualidades” se desparrama tras la sombra de Gómez. Justamente, uno de los planteos contra el fiscal de origen santacruceño es promovido por el empresario hotelero Carlos Miguel Gordillo. Fuentes judiciales aún recuerdan su sobreseimiento en una causa penal tributaria (por una supuesta estafa de 3 millones de pesos al fisco) de cuya investigación estuvo a cargo de la AFIP, el fiscal federal de primera instancia Nº 2, Carlos Brito y, en forma preliminar, el mismo Gómez.El siguiente paso en la embestida contra el fiscal lo dio el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato quien acusó al fiscal de haber acosado a sus empleados. Lo curioso de esto, es que los mismos trabajadores enviaron notas a Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y al propio Piumato negando las denuncias. El tufillo de las coincidencias fue avivado desde organizaciones ambientalistas que advirtieron la concordancia temporal entre esta acusación y el procesamiento de Rooney impulsado por Gómez.En esta historia cargada de hedor, no faltan aquellos que sugieren que llamadas desde el Ministerio de Planificación Federal (a cargo del harto cuestionado Julio De Vido) a la PGN gravitaron a la hora de que Righi decidiera girar sendas actuaciones a evaluación del Consejo Evaluador del MPF. Algunos osados se animan a vincular estas circunstancias a la investigación encarada por la Fiscalía General en torno a supuestas irregularidades en el proyecto habitacional Lomas de Tafí que involucraba a funcionarios nacionales y provinciales en una supuesta mega estafa por 250 millones de pesos con un plan de viviendas.Ambas presentaciones apuntan a lo mismo: el aparente abuso de autoridad cometido por Gómez en sus investigaciones preliminares. Así, la embestida, por ahora dio sus frutos: el funcionario judicial hoy se encuentra imposibilitado de realizar nuevas investigaciones preliminares pese a que artículo 26 de la ley 24.946 (ley del Ministerio Público y Normas Reglamentarias), establece lo contrario.Por lo pronto, el Consejo Evaluador podría designar un sumariante que concluiría en la suspensión de Gómez, paso previo a un juicio de destitución oral y público. Primera Fuente
