Papeleras: el martes Argentina y Uruguay vuelven a La Haya.
El martes Argentina y Uruguay volverán a encontrarse ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, donde se está dirimiendo si hubo o no violación al Estatuto del Río Uruguay.
La instancia se suscitó a raíz de la denuncia de Argentina contra el vecino país por violar de manera sistemática el Estatuto del Río Uruguay al permitir instalar y otorgar autorización ambiental y operativa a la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos y a sus inversiones conexas como la terminal portuaria de Ontur en Nueva Palmira.El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas citó a ambos países para el 29 de enero con el objetivo de que se presente toda la documentación escrita que pruebe dicha violación del gobierno uruguayo y además estableció que a partir de esa fecha y por un período de seis meses (vencerá el 29 de julio) “Uruguay tiene tiempo para presentar su argumentación” en defensa de Botnia, factoría considerada contaminante y que está operando sin licencia social y ejerciendo un doble discurso o un doble estándar.Se trata de las etapas procesales conocidas como “réplica” y “dúplica”, últimas instancias de la fase escrita que establece la Corte de La Haya en su procedimiento legal para estos casos de disputas entre naciones.El equipo del Palacio San Martín -sede de la cancillería argentina- está dirigido por la asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Susana Ruiz Cerutti.Argentina es el Estado accionante y acude a esta réplica “para poder hacer uso de todos los instrumentos legales” que tiene a su disposición, debido a que quedaron en las anteriores presentaciones (Memoria y Contramemoria) puntos en conflicto entre ambos países, según lo expresó oportunamente la propia Cerrutti.Una vez presentada la réplica, Uruguay tendrá tiempo hasta el 29 de julio para presentar su “dúplica”, que es su respuesta a la “réplica” argentina, según lo estableció la Corte que es presidida por jueza de origen inglés Rosalyn Higgins.La cuestión de fondoDe acuerdo a la propia memoria de La Haya, el 4 de mayo de 2006 la Argentina interpuso una demanda contra el Uruguay, por las transgresiones de ese país a las obligaciones contraídas en virtud del Estatuto del Río compartido.En la presentación del martes, Argentina no sólo aportará más pruebas sobre esas violaciones, sino que incluirá también otros quebrantamientos provocadas por decisiones unilaterales del gobierno oriental, a pesar de que la Corte de La Haya (en su párrafo 82) dijo textualmente que ambos países: “cumplan de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación previstos en el Estatuto de 1975, teniendo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) como el foro previsto al respecto”.Diez casos serialesLa violación en al menos diez oportunidades por parte de Uruguay al Estatuto del río común, será el eje de la presentación argentina el próximo martes.Dichas violaciones están claramente identificadas y son las siguientes:En primer y segundo lugar, cuando Uruguay autorizó los proyectos a cargo de ENCE y Botnia, respectivamente. La tercer y cuarta violación, fue al autorizar unilateralmente la construcción de un puerto para la operatoria de Botnia y la construcción y operatoria de instalaciones conexas.La quinta violación fue al autorizar unilateralmente la extracción a Botnia de volúmenes importantes de agua del río Uruguay, para operaciones de esa planta.La sexta violación fue la autorización de instalaciones conexas a Botnia como la terminal portuaria de Ontur en Nueva Palmira. La séptima es el dragado que se realizó en dicha terminal portuaria. La octava es la autorización unilateral al tendido de una cañería de efluentes subacuático de Botnia, que implica incluso una restricción a la navegación.La novena violación fue la puesta en funcionamiento de Ontur (inaugurada antes de que se habilitara) y la décima la autorización para que Botnia entrara en operaciones el 8 de noviembre del año pasado. La demanda de la Argentina fue acompañada de una solicitud de medidas provisionales donde se pedía que se ordenara al Uruguay suspender las autorizaciones para la construcción de las plantas y todas las obras de construcción hasta que la Corte se pronunciara en un fallo definitivo.Eso ocurrió el 8 y 9 de junio de 2006, cuando se celebraron las vistas públicas para examinar el pedido de medidas provisionales. El 13 de julio de ese año, también en una vista pública, la presidenta del Tribunal Internacional leyó una providencia por la cual se determinó que las circunstancias, según se presentaron ante la Corte, no requerían el ejercicio de su autoridad en virtud del Artículo 41° del Estatuto para indicar medidas provisionales.Posteriormente, el 29 de noviembre de 2006, el Uruguay presentó a su vez una solicitud de medidas provisionales sobre la base de que, a partir del 20 de noviembre de 2006, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú había bloqueado un “puente vital internacional”, y argumentó que esa actuación le estaba causando perjuicios económicos considerables y que la Argentina no había adoptado medidas para poner fin al bloqueo. Los días 18 y 19 de diciembre de 2006 se celebraron las vistas públicas en relación con la solicitud uruguaya y, el 23 de enero de 2007, en una audiencia pública la presidenta de la Corte no hizo lugar a esas medidas provisionales.Posteriormente, la Memoria Argentina y la contramemoria del Uruguay (20 de julio de2007) se presentaron dentro de los plazos fijados en la providencia del 13 de julio de 2006.La denunciaPara la Argentina, Uruguay ha violado el derecho internacional, afectando los derechos e intereses de la Nación y poniendo adicionalmente en riesgo el bienestar y la salud de una parte de su población.Esto se sustenta en la autorización uruguaya a la construcción de las plantas industriales y sus instalaciones conexas. Ni los pobladores ribereños ni el Estado se quedaron de brazos cruzados frente a estos incumplimientos reiterados. Incluso el 16 de febrero de 2006, el canciller Jorge Taiana, expresó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado de la Nación: “Se intentó por diversas vías obtener que el Uruguay respetara las citadas normas internacionales, procurando reencauzar de este modo una situación que afecta las relaciones con un país al que nos unen vínculos de una hermandad real y profunda. Es sólo dos años más tarde, frustrados nuestros sucesivos esfuerzos y frente a la inflexibilidad del Uruguay para atender a nuestros requerimientos, que nos vemos en la necesidad de defender los intereses de la Nación utilizando una vía disponible y apropiada, el recurso a la Corte Internacional de Justicia”.El primer incumplimiento del Uruguay se produjo el 9 de octubre del 2003, cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de ese país autorizó a la empresa española ENCE la construcción de una planta industrial de producción de celulosa sobre el río Uruguay. Esta autorización se brindó sin respetar el mecanismo de consulta e información previsto expresamente en el citado Estatuto, que sostiene que todo Estado que proyecte la realización de una obra de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas deberá hacerlo saber al otro Estado, a fin de que ambos países puedan evaluar conjuntamente el impacto ambiental de dicho emprendimiento sobre el ecosistema asociado al río.Cabe aclarar que este mecanismo no es una mera exigencia burocrática: permite hacer efectivo uno de los principios más importantes del derecho internacional ambiental, conforme el cual un Estado debe asegurar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados.Por otra parte, Argentina procuró de forma reiterada y clara poner en práctica el citado mecanismo de consulta e información previas en el seno de la CARU. Y estos esfuerzos se vieron no sólo frustrados sino hasta burlados por las autorizaciones unilaterales del Uruguay, la mayoría de esas decisiones adoptadas con la clara intención de abortar los procesos de diálogo y solución.Nunca hubo acuerdoCierto sector del gobierno uruguayo y especialmente Botnia insisten en la teoría del acuerdo de cancilleres para las plantas de celulosas, que involucraron supuestamente a los ex ministros Didier Operti y Rafael Bielsa.Fuentes de la propia cancillería uruguaya confiaron a EL ARGENTINO que esa teoría no se ajusta a los hechos y en La Haya hay que ser rigurosos. “si existiera dicha documentación, el exhibirla públicamente terminaría la controversia”, sostuvo la misma fuente, que agregó: “Por eso mantenerla oculta es un acto de irresponsabilidad. En conclusión: ese acuerdo jamás existió”.En realidad, esa teoría -según reconstruyó EL ARGENTINO en base a fuentes oficiales de ambos países- se creó de manera falaz luego que el presidente Jorge Batlle comunicara a la Argentina que se puso en marcha la planta de ENCE.Argentina respondió por escrito que esa comunicación era insuficiente porque carecía de elementales informaciones ambientales necesarias para evaluar su impacto y advertía que se eludían los compromisos asumidos en el Estatuto del Río Uruguay.En todo caso, Bielsa aceptó de buena fe la promesa que su par uruguayo le hizo respecto de la información que aportaría el Uruguay a fin de que se pudiera establecer el impacto ambiental de la planta proyectada. Sobre la base de esa promesa, ambos cancilleres consideraron útil que la CARU anticipara un esquema de monitoreo de la calidad ambiental en el río Uruguay para el caso de que se instalara una planta celulósica, que se llamó Procel, hoy sin validez.Esta es la naturaleza real del mal calificado “acuerdo” de principios de 2004, que luego derivó en un error administrativo en materia de comunicación y ese error le fue transmitido al entonces jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández.Obviamente, la información prometida no sólo que nunca se envío, sino que el Uruguay decidió continuar vulnerando por segunda vez el derecho internacional al autorizar, el 14 de febrero de 2005, la construcción de una segunda planta (la de Botnia), con el agravante de ser el doble de capacidad productiva que la de ENCE y sin tener en cuenta los efectos acumulativos y transfronterizos.Este segundo incumplimiento volvió a tensionar las relaciones entre ambos países, que no se disiparía (como muchos creyeron) con la llegada del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez.No obstante, Argentina buscó otro camino de solución para el diálogo y así se generaron los encuentros del llamado Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN, en mayo de 2005).Simultáneamente, Argentina realizó varias gestiones infructuosas para que el conflicto no se agravara, desde pedir que el crédito de la Corporación Financiera Internacional quede suspendido hasta que la controversia se resuelva hasta la búsqueda de facilitadores del diálogo, pasando por pedidos expreso para detener la construcción de la planta. Todos fracasaron. En realidad cada vez que Argentina proponía un espacio de diálogo, Uruguay adoptaba una medida de gobierno unilateral que arrinconaba al conflicto en un callejón sin salida diplomática y en consecuencia funcional a Botnia.Superados todos los límites de la tolerancia o como se dice en el ámbito diplomático, “Argentina se vio obligada a pasar el umbral y llegar hasta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, por las medidas inconsultas y unilaterales adoptadas por el Uruguay y su falta de vocación de diálogo. Así, el martes Argentina volverá a defender ante la Corte sus derechos vulnerados.Uruguay ignoró a La HayaLuego de la presentación de Argentina sobre las violaciones que realizó el Uruguay, la Corte Internacional de La Haya (en su párrafo número 78) consideró el 13 de julio de 2006 que la construcción de las plantas no puede ser reputada como que constituye un “hecho consumado” y dejó abierta la posibilidad del desmantelamiento de la planta.Eso no es todo, el párrafo 81 de la Corte destaca “el régimen completo e innovador” que es la CARU e igualmente de significativo es el Párrafo 82, donde el Alto Tribunal sostiene: “(…) La Corte desea destacar la necesidad de que la Argentina y el Uruguay cumplan de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación previstos en el Estatuto de 1975, teniendo a la CARU como el foro previsto al respecto; y considerando que la Corte insta a ambas Partes a abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia”.Luego de esto, Uruguay volvió a violar al menos en otras cinco oportunidades el Estatuto, desconociendo esta vez también la recomendación de la Corte Internacional. El martes Argentina alegará todas estas circunstancias y pruebas, que el Uruguay deberá responder el 29 de julio.Como el ámbito de la Justicia es lo sucedido y no lo que habría podido suceder si las cosas hubiesen sido distintas, no es necesario tener en cuenta otro escenario posible: Desde el punto de vista ambiental, si la región ha de tener un futuro, el proyecto Orion-Botnia de Fray Bentos no debería tenerlo.
