domingo, 20 de abril de 2008

NO A LAS PAPELERAS


encuentro federal agropecuario en Jesús María

JESUS MARIA - “Si no está resuelta la problemática de todo el sector agropecuario, el 2 de mayo vamos de vuelta al paro”. La frase, pronunciada ante una audiencia de más de ocho mil personas y con un tono altamente enfervorizado en el marco del Encuentro Federal Agropecuario realizado en Jesús María, pertenece al productor entrerriano de Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo De Angeli, y representa un verdadero síntoma del panorama que se viene en los próximos días en relación al conflicto entre el gobierno nacional y el campo.Es que, en la práctica, estas palabras constituyen un verdadero ultimátum para que el Estado consensúe medidas con los ruralistas en un plazo máximo de doce días, después del cual podrían volver los cortes de ruta y la paralización total de las actividades agropecuarias.Esto mismo fue sostenido por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien mencionó que “la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) trabaja para el acuerdo del bicentenario de cara al 25 de mayo, pero no se da cuenta que el 2 de mayo está a la vuelta de la esquina”.Cabe recordar que, luego de 21 días de conflicto, el pasado 2 de abril los productores rurales y el gobierno iniciaron una tregua por un mes con el objetivo de encauzar un diálogo que permitiese arribar a medidas consensuadas entre ambas partes para mejorar el desarrollo del sector agropecuario.No obstante, las reuniones que comenzaron la semana pasada apenas sirvieron para arribar a un acuerdo sobre la comercialización de carne, pero que “ni siquiera aborda una política integral completa para la ganadería”, según sostuvo Buzzi. Por esta razón, los productores consideran que las negociaciones se están dilatando más de la cuenta y advirtieron que si no se llega urgente a un verdadero acuerdo, en menos de dos semanas volverán al paro y a las movilizaciones.“Nos quieren dividir”El acto central de la mega reunión rural organizada en Jesús María se inició cerca de las cinco de la tarde y contó con la presencia en el escenario de una decena de referentes de diversas entidades rurales de Córdoba y de todo el país. Además de De Angeli y Buzzi estuvieron los titulares de la Sociedad Rural de Jesús María, César Saldano; de la delegación Córdoba de FAA, Agustín Pizzichini; de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Ricardo Osella; y de la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (Caprolec), Juan Trossero; así como también los vicepresidentes de FAA, Pablo Orsolini; y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet; y el representante de Coninagro, Marcos Giraudo.Luego de la bendición realizada por el párroco local Julio Aguirre, en la que mencionó que “sentarse a dialogar no es reunirse para prevalecer”, el primero en hablar fue el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, César Saldano, que asumió su lugar de anfitrión agradeciendo la presencia de tanta gente y remarcó que es esencial mantener la unión del campo argentino.Acto seguido fue el turno de uno de los líderes de los productores independientes y autoconvocados, Popó Giaveno, quien le pidió a la Presidenta que estimule la producción ya que eso va a garantizar “que coman los de acá y los de afuera”. Giraudo, por su parte, fue uno de los más enfervorizados, criticando la falta de apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), y tildando de “cagones” a los gobernadores.Por detrás de ellos, tomó el micrófono el ovacionado De Angeli, quien hizo hincapié en la hipótesis que el campo sostiene desde hace varias semanas: que el gobierno quiere desarmar la protesta “dividiéndolos”. “Hoy vine a ver la unión de los productores del pueblo argentino. Tenemos que hacer un mea culpa: llegamos a este momento porque antes estuvimos divididos. Ahora ojalá que sigamos juntos. Ojo que nos quieren dividir”, enfatizó. Asimismo, sostuvo que no se trata de mejorar la situación de algunos sectores, sino que hay que trabajar para que tanto la lechería, la ganadería y la agricultura mejoren. “Hasta que no tengamos todo, no les aflojemos”, dijo, para luego agregar que “nosotros somos los protagonistas de cambiar este modelo”.Roulet, en tanto, arremetió contra el poder político, señalando: “Yo puedo demostrar por qué me compré la 4 x 4, porque es mi capital de trabajo, pero los políticos no pueden demostrar por qué hicieron un country en Tortuguitas. Nosotros hacemos la plata con el esfuerzo”. En este sentido, aseguró que “los Kirchner” aumentaron su patrimonio en cuatro millones de dólares en un año, algo que ninguno de ellos hizo.Por último, el cierre estuvo a cargo de Buzzi, quien subrayó que no va a haber acuerdo antes de que “no cambien lo que nos llevó a esto”, aseverando que “la condición es un 35 por ciento de retenciones”. Vale recordar que el conflicto se inició originalmente cuando el gobierno decidió implementar un sistema de retenciones móviles, aumentando el porcentaje que se queda el Estado por los derechos de exportación de soja y girasol. Además, el presidente de Federación Agraria pidió que la Nación no sólo busque recaudar con el campo sino que también apunte a otras actividades como los petroleros, la minería y la pesca, y criticó que industriales “amigos del gobierno” como Pascual Mastellone, dueño de La Serenísima; y Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza, tengan materia prima barata y retenciones diferenciales.Es importante destacar que antes de que comenzaran las alocuciones, se pudo escuchar en los parlantes una comunicación telefónica con Silvia Flores, titular del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, quien expresó todo su apoyo al sector agropecuario. Asimismo, se leyó una declaración firmada por 20 intendentes de toda la provincia en la que se manifestaron por el respeto irrestricto de la Constitución, por una nueva ley de coparticipación y por un fortalecimiento de las economías regionales, entre otras cosas.

Avanzan proyectos para instalar tres papeleras en el sur de Brasil

El Estado brasileño de Rio Grande do Sul (donde se instalará la represa Garabí) aprobó la semana pasada una ley que establece nuevas reglas para el establecimiento de plantaciones de especies arbóreas exóticas.El nuevo esquema abre las puertas para la continuidad de al menos tres mega proyectos industriales en la zona, que estaban frenados por limitaciones establecidas en el anterior régimen.Se trata de las papeleras que analizan instalar las empresas Aracruz, Votorantim Celulose e Papel (VCP) y Stora Enso. Sólo dos de estas iniciativas suponen una inversión total de 4.800 millones de dólares.Los proyectos de forestación que analizaban desarrollar estas empresas en terrenos del Estado del sur de Brasil, estaban suspendidos desde hacía más de un año por inconvenientes suscitados a la hora de obtener los permisos para forestar en grandes superficies.Pero, con la aprobación del nuevo esquema de “Zoneamento Ambiental” (similar a los proyectos de ordenamiento territorial que se analizan para Misiones) elimina la necesidad de estudiar uno por uno las solicitudes para forestar y establece nuevas reglas con respecto a los terrenos que podrán destinarse a cultivar eucaliptus y pino y libera así el territorio para las plantaciones de exóticas.De este modo se garantizó a las compañías la disponibilidad de terrenos para establecer la base forestal que servirá para abastecer a las plantas industriales que se montarán posteriormente en locaciones que aún no fueron definidas.“La aprobación de esta norma tiene un gran significado porque genera seguridad para todos. Para la sociedad y el Estado, porque impone límites claros a la actividad silvicultural y a los empresarios porque define reglas claras”, consideró el secretario de Medio Ambiente de Río Grande do Sul, Carlos Otaviano Brenner de Moraes, en declaraciones reproducidas por el diario brasileño Zero Hora.Inversiones millonariasEl proyecto que está más avanzado corresponde a la empresa Aracruz, que ya cuenta con la licencia industrial para montar una planta en la ciudad de Guaíba, pero todavía no anunció su instalación en la zona y había condicionado la continuidad de su proyecto a la aprobación de la ley finalmente se sancionó la semana pasada.Esta compañía prevé una inversión total de 2.800 millones de dólares que incluye la forestación de 160 mil hectáreas, 75 mil de las cuales ya están plantadas.La segunda iniciativa corresponde a la firma Votorantim Celulose e Papel (VCP), cuyos directivos anunciaron a la prensa brasileña que retomarán los trabajos después de haber mantenido suspendido el proyecto.Actualmente esta firma realiza el estudio de impacto ambiental, trabajo requerido por la Fundación Estadual de Protección Ambiental (Fepap) para obtener la licencia necesaria para el establecimiento del proyecto.En total esta empresa prevé una inversión de dos mil millones de dólares que incluye la forestación de 140 mil hectáreas para abastecer su industria.Los trabajos de elaboración del estudio de impacto ambiental estaban en su fase final cuando fueron detenidos, hace poco más de un año, debido a indefiniciones respecto a las reglas de forestación en el Estado del sur brasileño, situación que fue superada con la aprobación del nuevo Zoneamento Ambiental.Desde la empresa estimaron que el estudio ambiental estará finalizado en el segundo semestre del año, y recién entonces se anunciará la localización de la planta industrial.Según el director forestal de la VCP, José María de Arruda Mendes, varios municipios se disputan la radicación de la planta, entre ellos Arroio Grande, Capão do Leão, Cerrito, Pelotas, Pedro Osório y Río Grande.El tercero de los emprendimientos planeados corre por cuenta de la firma Stora Enso, que planea instalarse en la frontera Oeste del Estado de Rio Grande do Sul.Si bien desde la compañía dejaron en claro que consideran que la aprobación del nuevo esquema forestal fue un paso muy importante, se ocuparon de resaltar que su proyecto se encontraba limitado por otros factores. Una de las trabas que enfrenta este proyecto tiene que ver con leyes de defensa de la frontera que rigen en Brasil. Ocurre que en el vecino país existen fuertes limitaciones a la compra de terrenos en zonas de frontera por parte de extranjeros, sean personas o empresas y la zona en que esta compañía pretende instalar su planta industrial y su base forestal está alcanzada por esta reglamentación.En consecuencia, el avance de este proyecto depende de una modificación de esta reglamentación o bien de un permiso especial que puede otorgar el Consejo de Defensa Nacional del Brasil. (Fuente: Zero Hora del Basil y Apfmercosur).

Más irregularidadesde Romina Picolotti

En la información se transcribió también de manera textual (siempre en base al convenio de referencia) la cláusula cuarta que reza: “El subsidio será transferido de la siguiente manera: la primera cuota al momento de la firma del presente convenio, por un monto de 1.107.582,94 pesos”; y se concluyó que ese monto ya había sido recibido por el intendente, Juan José Bahillo el mismo 4 de abril.Sin embargo, el intendente de Gualeguaychú solicitó aclarar que “todavía no ha recibido ningún peso por dicho convenio”, resguardando así la transparencia de los actos públicos que a él y a su administración le competen; pero desnudando la irregularidad administrativa de la cartera que conduce Romina Picolotti.Mañana, la Municipalidad abrirá la cuenta corriente bancaria específica para recepcionar los fondos que surgen por dicho convenio y comunicará a Picolotti el proceso administrativo.Esta aclaración -que no constituye bajo ningún aspecto una fe de errata, sino la confirmación de una irregularidad- demuestra la liviandad en los cuidados de los fondos públicos que el Estado le confía al área de Ambiente de la Nación; agravados por la condición de abogada de la propia funcionaria que no puede desconocer la ley y mucho menos sus obligaciones (Capítulo IV del Código Penal “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”).

SELECCION JUVENIL ARGENTINA EN CAUSA CONTRA BOTNIA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permitirá que el seleccionado juvenil juegue un partido para recaudar fondos para los asambleístas de Gualeguaychú, que luchan contra la instalación de una planta productora de pasta de papel en Fray Bentos, Uruguay. Julio Grondona, miembro de la FIFA y presidente de la AFA, recibió a un grupo de asambleístas y decidió brindar su respaldo a la causa, informó la prensa local. La instalación de la planta de la firma finlandesa Botnia ha llevado a Argentina y Uruguay a roces diplomáticos. Las protestas de los ciudadanos argentinos, basadas en la contaminación que puede producir el emprendimiento en la región, desataron numerosos cortes en rutas que unen ambos países. GAT