Finlandia miente: el Estado y Botnia trabajan juntos.

La papelera pretende funcionar en una zona franca que depende del gobierno finlandés. .
El gobierno finlandés sigue mintiendo en forma escandalosa en los últimos días respecto de la supuesta “independencia” de la empresa Botnia.Los finlandeses en la Argentina están molestos por el escrache en la Feria del Libro el domingo pasado, y una nueva manifestación frente a su Embajada en Buenos Aires.El cinismo de los nuevos invasores de Latinoamérica hace que oculten que Botnia comenzó a instalarse en Fray Bentos luego de un acuerdo firmado entre el ESTADO DE FINLANDIA y el ESTADO DE URUGUAY, en el año 2002.Este lunes, Finlandia calificó de "muy lamentable" el escrache que asambleístas de Gualeguaychú concretaron en el stand de ese país en la Feria del Libro "El gobierno de Finlandia no puede ni disponer, ni tener injerencia sobre una relocalización de la planta", enfatizó la primera secretaria de la Embajada de ese país en Argentina, Petra Teman. La caradura Petra Theman, declaró a la agencia Telam sobre la protesta de los ambientalistas que "estas actitudes no fomentan el entendimiento y el diálogo" en el marco del conflicto por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos. Theman aseguró que los asambleístas entrerrianos "confunden" al Estado finlandés con Botnia. En ese sentido, dijo que "el gobierno de Finlandia no puede ni disponer ni tener injerencia sobre una relocalización de la planta de Fray Bentos" y agregó que "esto no es entendido por los asambleístas, por más que abundaron las explicaciones al respecto".En realidad, los asambleístas entrerrianos pueden confundir algunas cosas, pero no la relación entre el Estado y la empresa Botnia.El acuerdo de PROTECCION DE INVERSIONES fue suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia. El Senado lo aprobó el 15 de octubre siguiente y la Cámara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron todos los legisladores de Encuentro Progresista-Frente Amplio. El debate quedó asentado en versión taquigráfica. En las formas, es un convenio para la protección de las inversiones de cada país en el otro, en un tono de reciprocidad. Pero su aprobación fue una exigencia de Botnia para instalarse.Los especialistas coinciden en que el punto más perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por la desprotección que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, dice el Acuerdo, “la misma, a criterio del inversor”, podrá ser llevada a un tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del Centro para la Solución de Controversias (Icsid) y un cuerpo ad hoc que tome las normas de Naciones Unidas.El Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana en su demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalación de las fábricas. El fiscal apuntó allí un dato agravante: Botnia y Ence tendrán dos zonas francas. “Se constituyen así verdaderos enclaves extranjeros privados: áreas cercadas y aisladas eficientemente”.El tema fue denunciado públicamente por la periodista argentina Laura Vales, en el diario Página 12, hace dos años. Nadie la desmintió.