PEDIDOS DE DESTITUCIÓN AL FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE TUCUMÁN

Al Dr. Gustavo Gómez le han pedido la destitución y ello tiene que ver con la corrupción que hay en Tucumán en el marco de la administración de justicia federal que desde siempre resolvió favoreciendo intereses políticos y económicos de turno. Se suponía hace tres años que tarde o temprano su remoción podría ser un hecho no obstante se aceleró con el procesamiento de Julián Rooney como máxima autoridad de Mina La Alumbrera por el delito de contaminación en el marco de una investigación preliminar efectuada por el Fiscal.
PRESENTACIÓN
Desde su llegada a Tucumán se preocupó por mejorar el nivel de rendimiento del Ministerio Público Fiscal y denunció en sus informes anuales los graves problemas que padecía la administración de justicia federal. (ver alguno de ellos en el anexo). Ya en el año 2004 el informe remitido por el Procurador General al Congreso de la Nación señalaba que hay un grupo de delitos que nunca fueron investigados con éxito: Derechos humanos, Medio ambiente, Penal Tributario, Corrupción en la Administración de Justicia y en la Administración Pública. En el año 2005 se mencionan ya algunos resultados –condenas e investigaciones preliminares iniciadas desde la FG , estas últimas contra empleados, funcionarios y jueces- de la tarea iniciada en el año 2002. En el año 2006 se mencionan casos concretos contra jueces federales –algunos de ellos destituidos juicio político mediante-, otros renunciados y los más, conservan su cargo-. Allí se informaba al Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi que “fácil es advertir que la lucha contra la corrupción en la administración de justicia se ha vuelto una tarea diaria de despacho”. Y en el año 2007 se menciona en el informe que “Hoy mas que nunca este tipo de delitos genera reacciones de diversa índole que intentan desacreditar nuestros esfuerzos”.
A lo largo de estos años el Fiscal recibió todo tipo de presiones que se traducían en denuncias penales hechas por funcionarios federales y abogados de la matrícula, pero en ningún caso los fiscales requirieron instrucción ante lo insostenible de los hechos imputados. Junto a ello los reclamos constantes de “morigerar” su tarea, dejar de hacer investigaciones preliminares, no recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, etc. Como su actividad no cedió, la propia Cámara Federal de Tucumán lo reprendió y declaró la primera nulidad de una investigación preliminar conocida como “Lomas de Tafi” que involucraba a funcionarios nacionales y provinciales en una mega estafa de 250 millones de pesos con un plan de viviendas. De allí en mas y en el segundo semestre del año 2007 ante el procesamiento de uno de los jueces federales –por un juez ad hoc- y algunos recursos de queja ante la Corte Suprema en causas sobre delitos de lesa humanidad –por demoras y atrasos inexplicables- la Cámara tomó una serie de medidas que pueden leerse en los recortes periodísticos acompañados como anexo. Entre ellas y por mencionar algunas intimarle el desalojo de las oficinas que ocupa, negarle el acceso a los trabajadores de la Fiscalía General al edificio con excusas absurdas, etc.
No obstante lo expuesto el Fiscal General consiguió articular un grupo de trabajo junto a los fiscales federales de la jurisdicción que mejoró en mucho el rendimiento del servicio de administrar justicia. A título de ejemplo Tribunales Orales como el de Catamarca hacían un juicio oral al año (año 2001). Hoy el Fiscal Federal de esa provincia luego de acordar una serie de correcciones a su labor, propuestas por el Fiscal de Cámara en sus inspecciones periódicas, elevó a juicio más de cincuenta casos en un trimestre.
Estaba claro que el punto era lograr su destitución. Y allí comienzan a “llover” pedidos de destitución y ampliaciones de los mismos previas advertencias de que se detengan.
La Corte Suprema en uno de los recursos de queja presentados por el Fiscal General –el caso Bianchi- reclama que se trabaje con armonía entre jueces y fiscales. Las ong (Asanoa, Proeco, Asamblea de vecinos, etc.) ambientalistas comienzan a movilizarse reclamando que se falle en varios de los casos investigados desde la Fiscalía General por delitos ambientales y luego de tres años de tener el expedientes con autos a despacho la Cámara Federal en voto dividido decide procesar al presidente de Minera La Alumbrera. No sin antes denunciar a los ecologistas por “extorsión” abriéndoles una causa penal donde se encomienda a la Policía Federal que se investigue e identifique a los integrantes de estos movimientos. Copia de la denuncia se puede ver en los Anexos.
LOS PEDIDOS DE DESTITUCIÓN
Un ejemplo de uno de los pedidos de destitución, es de Carlos Miguel Gordillo, dueño de una cadena hotelera muy importante en el norte argentino en cuyas habitaciones se alojan jueces, funcionarios de gobierno, etc. sin costo alguno. Amigo del ex juez Federal Felipe Terán –procesado por delitos de estafa en el marco de juicios por corralito- y al menos dos de los camaristas Ricardo San Juan y Ernesto Wayar que para reforzar el pedido de destitución lo sobreseyeron en una causa penal tributaria cuya investigación estuvo a cargo de la AFIP, el Fiscal General y el Fiscal de primera instancia Carlos Brito. En el anexo puede verse tanto la denuncia como la defensa y sus respectivas ampliaciones.
A pesar de que se pidió al Dr. Righi el inmediato rechazo de la denuncia por que no hay motivo alguno para darle intervención al Consejo Evaluador e iniciar sumario el Procurador pasó las actuaciones al Consejo Evaluador del MPF y de allí el próximo paso es a un sumariante y si el PGN no cambia la opinión.
Esta negativa del Sr. Procurador General implica que ya no se hicieran más investigaciones preliminares -las que tiene derecho hacer tal cual autoriza el art. 26 de la ley 24.946- y que siempre hizo. Entrando a www.fiscaliagraltucuman.gov.ar pueden fijarse en los links -el de medioambiente en especial- el resultado de cada una de ellas.
Hay otro pedido de destitución que hace el Secretario General del gremio judicial Julio Piumato –coincidiendo con la resolución de La Alumbrera-. Su fundamento es el supuesto acoso a los empleados de la Fiscalía General. Cuando ellos se enteraron –los empleados y sin excepción- han salido a defender al Dr. Gustavo Gómez enviando notas al PGN y al propio Piumato negando los hechos que habían sido inventados por Piumatto. Y eso a pesar de que el Fiscal General es muy exigente -7.30 de la mañana está sentado en la oficina y con él, todos-. Esas notas que se agregaron al expediente y los empleados hicieron con absoluta libertad –algunas incluso ante escribano público- fueron puestas en duda ¿Que hace el Dr. Righi? En vez de rechazar la denuncia por absolutamente falsa se la pasa al Consejo Asesor ¿Que hace el Consejo? Sugiere que se haga una investigación, es el sumario previo al juicio de destitución ante la posibilidad de que se haya presionado a todos los empelados a escribir lo que escribieron.. Tanto los escritos de denuncia como de defensa y alguna de las notas de los empleados y actas de asamblea, así como un recorte periodístico de noticias que dieron los mismos empleados públicos se agregan en los anexos.
Por último debe señalarse que los fiscales de la región, están expectantes de lo que pase. Si a Gómez se lo destituye por “abuso de poder” –esta es la figura técnica sustentada en las denuncias- es probable que nadie mas se atreva a investigar nada que no tenga la aprobación desde el poder -sea económico o político-.
Algunas cuestiones técnicas:
El Consejo Evaluador esta integrado por: Dr. Javier De Luca (Fiscal de un Tof de Buenos Aires), Dr. Rubén Gonzales Galriá (Fiscal ante la Cámara Federal Civil de Posadas), Dr. Ricardo Álvarez (Fiscal General ante la Cámara Federal de Paraná, Entre Rios), Eduardo Oscar Alvarez (fiscal general del trabajo, Buenos Aires) y la Dra. Laura Monti (Fiscal General ante la Corte Suprema de la Procuración General de la Nación). Sus teléfonos y correos de contacto pueden encontrarse en el Anexo.
Las leyes y resoluciones que corresponden a los trámites se suman al anexo pero resumidamente el proceso tiene cinco partes: 1) Se recibe la denuncia y se le corre traslado al Fiscal denunciado para que de las explicaciones que fuere menester. 2) El Procurador General puede optar entre rechazarlo o darle trámite. 3) Al darle trámite se remite al Consejo Evaluador quien dictamina. 4) Si el Consejo Evaluador le da entidad el Procurador General designa un sumariante 5) Si las conclusiones del sumariante y el Consejo Evaluador coincide se suspende al Fiscal y se hace el juicio de destitución oral y público.
CONCLUSIÓN
El fiscal general es una persona incómoda para muchos en Tucumán. No es tucumano. No pertenece a la clase social dirigente que históricamente usufructuó el poder –incluido el judicial-. No es un católico tradicionalista –con lo cual no cuenta con el apoyo de una iglesia muy conservadora- ya que su origen y educación patagónica lo acercan más a obispos de aquella región. No participa en las frecuentes reuniones sociales al que es invitado. Tiene una activa militancia social y recibe en su despacho a cualquier ciudadano que trate de verlo (es criticado por ello por abogados del Colegio de Abogados). Da charlas y conferencias en centros comunitarios, ongs, centros de estudiantes, comunidades aborígenes, etc. No aceptó nunca ser profesor en las universidades locales donde fue invitado a integrarse por cuanto no lo era en un concurso abierto. Su exclusiva dedicación laboral hace que su ritmo de trabajo sea reprobado por muchos de sus pares. El cargo que ostenta es uno de los más importantes de la administración de justicia federal en el norte argentino con lo cual muchos anhelan ocuparlo. De hecho cuando ganó el concurso dejó atrás a los fiscales federales de la jurisdicción y a profesores titulares de Derecho Penal de las facultades de derecho de Tucumán. Su trabajo se trasluce en la publicidad de sus dictámenes a los que se puede acceder en la página de Internet o concurriendo a su oficina. A conformado un equipo de trabajo a lo largo de los seis años hecho por un grupo de abogados humildes y esforzados que se destacan por su acompañamiento y compromiso en las actividades de la Fiscalía General. Algo inusual en los empleados judiciales de la región.
En definitiva la mayoría de la clase política y empresarial dirigente no vería con malos ojos su remoción. Como ejemplo y en ese sentido la Federación Empresarial de Tucumán (FET) ha tenido reuniones con los diputados Vargas Aignase y Alperovich para neutralizar tanto el impulso dado a las causas por delitos ambientales como tributarios.
DATOS PERSONALES
Antonio Gustavo Gómez es casado con tres hijas. Oriundo de Puerto Deseado –pcia de Santa Cruz-. Desde su designación el 19 de Diciembre del año 2001, vive con su familia en Yerba Buena, pcia de Tucumán. Su esposa de origen mapuche tiene un pequeño negocio con el que colabora en el mantenimiento del hogar familiar.