Picolotti dispone de 5 millones para vigilar a Botnia.

La iniciativa constituye el corazón de la estrategia que seguirá de ahora en más la Argentina en el diferendo con Uruguay por Botnia, y tiene el visto bueno del presidente saliente, Néstor Kirchner, y de la presidenta entrante, Cristina Kirchner, para disponer de los recursos que sean necesarios para darle continuidad. Altas fuentes oficiales revelaron a La Nacion que ya se adjudicaron cinco millones de pesos para la puesta en marcha. El objetivo es recopilar datos que puedan mostrar una acción contaminante por parte de Botnia en el cauce de agua compartido y en la atmósfera de su zona de influencia, lo que permitiría reforzar la presentación en la Corte Internacional de La Haya. El control, que será instrumentado de manera unilateral, estará coordinado por la Secretaría de Ambiente, que conduce Romina Picolotti. En su ejecución participarán, además, la Prefectura Naval Argentina y las universidades de Buenos Aires, de La Plata, del Litoral y de Luján. También prestarán servicios el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el nivel provincial participarán el Ministerio de Salud y Ambiente de Entre Ríos y la intendencia de Gualeguaychú. “Está presupuestado en 5.000.000 de pesos, pero contará con todos los fondos que sean necesarios para ser ejecutado, porque es la herramienta para fortalecer la posición argentina en el litigio internacional con Uruguay”, confió a La Nacion uno de los pocos funcionarios que siguen la controversia de manera cotidiana. La Argentina hizo en 2006 una presentación judicial en La Haya por la violación del estatuto del río Uruguay por parte del vecino país, al que se acusó de aprobar de manera inconsulta la instalación de la pastera finesa en la localidad de Fray Bentos, sobre la costa ribereña. Ese planteo se ha transformado en la única vía hábil considerada por el momento por ambas administraciones luego del fracaso de las negociaciones diplomáticas que promovió la corona española. Es justamente por eso por lo que los Kirchner darán prioridad al plan de control ambiental diseñado por la Secretaría de Ambiente, a cargo de Picolotti. ¿Qué cuestiones específicas medirá el plan de vigilancia ambiental? Según supo LA NACION de altas fuentes oficiales, se caracterizará la "variabilidad mensual de parámetros biogeoquímicos, biológicos y de calidad de aire" para contrastar con una base de datos representativa del ecosistema del río y de las zonas aledañas, que comenzó a elaborar la Secretaría de Ambiente en 2006. La recopilación de nuevos datos en distintas etapas de funcionamiento de la planta permitirá realizar un seguimiento y establecer un contraste que podría ser utilizado para sustentar la presentación argentina en La Haya. Por ejemplo, según las fuentes, se harán en el río estudios de plancton y biofilms; estudios de bentos, de anfibios, de peces, de ecotoxicología, de hidrodinamismo, de dispersión de contaminantes y de la calidad del aire. También, estudios de la lluvia en la zona. Habrá, para esto, estaciones de monitoreo fijas y móviles, dispersas por la cuenca entrerriana. En el río comenzarán a verse boyas, sondas y barcos abocados a estos fines. La instalación de todos los equipos va a llevar aproximadamente un mes, según anticiparon las fuentes consultadas. Se instalarán, además, campamentos de medición, con personal técnico y biólogos, que serán los encargados de relevar cotidianamente las estaciones de monitoreo en agua y en tierra. En esta etapa será clave la participación de las universidades, explicaron allegados a Picolotti. La mayoría de quienes tomen las mediciones serán estudiantes e investigadores de las facultades de Ciencias Exactas de las universidades que están involucradas en el plan oficial. La recolección de elementos estadísticos permitiría alertar a la población de posibles cambios en el ecosistema y sumar elementos a la contienda jurídica en La Haya, en caso de que haya cambios en las variables analizadas. "Se tomarán todas las decisiones que haya que tomar ante esas variaciones", dijo una alta fuente de la Casa Rosada que conoce la contienda bilateral. La iniciativa, afirmaron en el Gobierno, no implica aceptar el funcionamiento de la pastera donde está instalada hoy. "Es la reacción a las circunstancias actuales, y es la herramienta que asistirá a persistir en el reclamo argentino de relocalización", dijeron fuentes seguras.